Esta frase se hizo muy famosa y parece sigue vigente, que es perdurable en el tiempo. Tras ella, se esconde todo tipo de “supuestos” legales, una retahíla de: comisiones ilegales, financiación irregular, especulación urbanística; recalificaciones de terrenos, malversación de fondos públicos, corrupción, prevaricación y un largo y generoso etc. Vamos, lo habitual en un régimen democrático y lo más ofensivo en una democracia.
El ciudadano ve, indignado y con estupor, la facilidad de enriquecimiento y ostentación que hacen algunos políticos y la mayoría de constructores. También ve como se disparan los precios de los pisos por culpa de una especulación urbanística, asentada en el seno de corporaciones municipales. Pero el problema no radica tanto en sí mismo, como en la falta de voluntad política para ponerle coto y erradicarlo. Para acabarlo de arreglar, va la fiscalía y nos dice: que todo este maremágnum se quede aparcado hasta después de las elecciones, pues puede influir en el voto del ciudadano. Sencillamente, ¡alucinante!
Seria conveniente que, en su programa electoral, los partidos políticos hicieran una declaración de principios de orden interno y expusieran a todos los ciudadanos las medidas correctoras de depuración y resarcimiento a los ciudadanos por defraudación y corrupción que sus militantes y cargos públicos hacen. Ya que, como representantes de los ciudadanos tienen esa responsabilidad. ¿Qué se apuestan a que ninguna compañía de seguros les cubre dicha responsabilidad?
Como siempre, los políticos a lo suyo. Mientras tanto, el ciudadano a vueltas con el euribor.
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